Presentación Estudios de Derecho

En las últimas décadas, los avances en las comunicaciones y en los intercambios, la progresiva ampliación de políticas comunes entre países y la creciente importancia de numerosas instituciones supranacionales, no podía dejar de tener consecuencias sobre el Derecho Penal en un mundo de globalidad avanzada y desarrollo dispar. En este contexto, surgió la exigencia de construir respuestas comunes desde el Derecho Penal a una criminalidad sin fronteras y cada vez mejor organizada.

La eliminación de barreras económicas y políticas en determinados grupos de países -la Unión Europea es un ejemplo de ello- ha contribuido a que la tradicional comprensión de las nuevas formas de criminalidad se haya visto superada y se manifiesten otras necesidades para afrontar situaciones de gran complejidad.

Se constata que, hasta hace pocos años, las sociedades moderaban su convivencia esencialmente con arreglo a su Derecho interno. En amplias zonas del mundo aún se transita desde sociedades relativamente simples que pueden arreglarse con los mandamientos básicos de su Derecho interno –que todavía es absolutamente imprescindible- hacia sociedades modernas con otros requerimientos.

La adaptación ordenada de un nuevo Derecho Penal Internacional hace que se configuren nuevas posibilidades de cooperación entre países y se estructuren propuestas unitarias -todavía de un éxito parcial- con la pretensión de un compromiso entre Estados de indudable importancia para la estabilidad y la seguridad internacional y para el logro de una cierta paz mundial.

Si desde siempre las organizaciones criminales han sabido aprovecharse de los logros tecnológicos, en nuestra época esta situación se ha agudizado y necesita una comprensión que permita nuevos instrumentos legales compartidos. La realidad actual de nuestras sociedades modernas permite vislumbrar que en un futuro próximo se incrementarán las normas punitivas homologables a nivel mundial.

En los últimos tiempos aparece con fuerza la perentoria necesidad de disponer de instrumentos que, desde la perspectiva del Derecho Penal, permitan atender estos compromisos entre los Estados, tramitar y dar soluciones coincidentes a los problemas compartidos: delincuencia organizada, crímenes de guerra, terrorismos locales y globales, fenómenos migratorios y nuevas formas de esclavitud, ciberdelincuencia, hechos punibles de racismo.